El flamante sub secretario del interior, Felipe Harboe, sometido a los dictados del tétrico Belisario Velasco, dio a conocer las medidas para “combatir la delincuencia”, en el marco de los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre de 2007, donde un carabinero, y en extrañas circunstancias, fue asesinado.
La respuesta del Ejecutivo, luego de los incidentes en la noche de la conmemoración del Golpe Fascista, fue el anuncio de un paquete de medidas que apuntan a terminar con la delincuencia y el uso ilegal de armas. Las disposiciones, que por cierto no resuelven los altos índices de hechos delictivos y mucho menos el narcotráfico, no son más que una operación implacable con miras a justificar el accionar futuro en la represión de expresiones y movilizaciones sociales.
En este sentido, sorprende que una de las catorce medidas, diga relación con que para noviembre de este año habrá en las calles de nuestro país, tres mil Carabineros más. Además, de 250 detectives abocados, en forma exclusiva, al combate de la delincuencia. Es decir, la lógica del Gobierno, no está en la implementación de políticas de prevención, sino en sitiar las ciudades con el fin de reprimir cualquier acto “fuera de la ley”.
En el mismo plano, llama la atención que una de las medidas se centre en el estricto control de armas. Felipe Harboe, anunció enviar un proyecto de ley al Congreso que restringa la venta de municiones y brinde “mayores atribuciones” a Carabineros en la fiscalización y control de armas, reimpulsando la campaña de devolución de las mismas. A la vez, se puso mucho énfasis en la construcción de veinte comisarias y la extensión del plan cuadrante a nueve comunas más.
Frente a todo lo anterior, es necesario preguntarse, primero, ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando para poner en marcha dicho paquete de medidas? ¿No sería mejor usar esos mismos millones de dólares en planes de prevención conducentes a terminar con la cesantía en las poblaciones y la pavorosa realidad de la drogadicción? Sin duda, el Gobierno, ha errado nuevamente en su análisis de la situación social y más bien opta por la consecutiva estrategia represiva.
¿De qué sirve construir veinte comisarías más, si las actuales –muchas de ellas nuevas- no han resuelto el problema de fondo?, ¿No sería mejor invertir esa millonada de plata en centros deportivos o en programas de desarrollo social, en especial para lo jóvenes?.
El Gobierno, en complicidad con la derecha, nuevamente ha generado las condiciones para justificar las medidas. Y más allá de los alaridos de la Alianza por Chile, se trata de disposiciones que les acomodan, en tanto ha quedado demostrado su pavor frente a cualquier indicio de organización popular. Más allá de lo ocurrido con el Carabinero en Pudahuel y el accionar de grupos narcotraficantes, aquella noche lo que hubo, en gran medida, fue una expresión de descontento social que se ha criminalizado y que hoy pretende ser acallada con 14 medidas coercitivas.
La respuesta del Ejecutivo, luego de los incidentes en la noche de la conmemoración del Golpe Fascista, fue el anuncio de un paquete de medidas que apuntan a terminar con la delincuencia y el uso ilegal de armas. Las disposiciones, que por cierto no resuelven los altos índices de hechos delictivos y mucho menos el narcotráfico, no son más que una operación implacable con miras a justificar el accionar futuro en la represión de expresiones y movilizaciones sociales.
En este sentido, sorprende que una de las catorce medidas, diga relación con que para noviembre de este año habrá en las calles de nuestro país, tres mil Carabineros más. Además, de 250 detectives abocados, en forma exclusiva, al combate de la delincuencia. Es decir, la lógica del Gobierno, no está en la implementación de políticas de prevención, sino en sitiar las ciudades con el fin de reprimir cualquier acto “fuera de la ley”.
En el mismo plano, llama la atención que una de las medidas se centre en el estricto control de armas. Felipe Harboe, anunció enviar un proyecto de ley al Congreso que restringa la venta de municiones y brinde “mayores atribuciones” a Carabineros en la fiscalización y control de armas, reimpulsando la campaña de devolución de las mismas. A la vez, se puso mucho énfasis en la construcción de veinte comisarias y la extensión del plan cuadrante a nueve comunas más.
Frente a todo lo anterior, es necesario preguntarse, primero, ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando para poner en marcha dicho paquete de medidas? ¿No sería mejor usar esos mismos millones de dólares en planes de prevención conducentes a terminar con la cesantía en las poblaciones y la pavorosa realidad de la drogadicción? Sin duda, el Gobierno, ha errado nuevamente en su análisis de la situación social y más bien opta por la consecutiva estrategia represiva.
¿De qué sirve construir veinte comisarías más, si las actuales –muchas de ellas nuevas- no han resuelto el problema de fondo?, ¿No sería mejor invertir esa millonada de plata en centros deportivos o en programas de desarrollo social, en especial para lo jóvenes?.
El Gobierno, en complicidad con la derecha, nuevamente ha generado las condiciones para justificar las medidas. Y más allá de los alaridos de la Alianza por Chile, se trata de disposiciones que les acomodan, en tanto ha quedado demostrado su pavor frente a cualquier indicio de organización popular. Más allá de lo ocurrido con el Carabinero en Pudahuel y el accionar de grupos narcotraficantes, aquella noche lo que hubo, en gran medida, fue una expresión de descontento social que se ha criminalizado y que hoy pretende ser acallada con 14 medidas coercitivas.
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