Congreso quiere más represión

Atrás quedarán aquellas labores sociales de Carabineros. Aquellas, que tiene –quizás- una cara noble y aceptable. Las distintas acciones administrativas, ya no serán resorte exclusivo de los uniformados de verde.

En el Congreso Nacional antidemocrático de Chile, se tramita un proyecto de ley que busca “modificar diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile”. Se trata de quitar algunas atribuciones, para que la policía se aboque a su objetivo… “Orden y patria”.

La idea legislativa, busca terminar con, por ejemplo, funciones relativas a control de plagas, las certificaciones relacionadas con seguros de accidentes y los salvo conductos de mudanzas. No así, con el control de la ley del tabaco. Se trata, en rigor, de que Carabineros de Chile destine todos sus esfuerzos a reprimir la delincuencia y aplicar políticas de “prevención” como instrumento de control del delito. Lo insólito es que nada se dice del rol del Estado en materia de intervención en temas tan sensibles como la delincuencia y las drogas.

El sentido central de la iniciativa, dice relación con que, y en el marco de los alaridos de la derecha respecto al tema de la delincuencia, que Carabineros termine por convertirse en una institución al servicio de la represión y no en una instancia cercana a la sociedad.

De tal manera, lo que se busca es hacer de Carabineros, una fuerza absolutamente coercitiva que sea capaz de poner todas sus energías en el combate de la delincuencia. Lo peligroso es que, y para dicha institución, delincuentes son también quienes se organizan y manifiestan en las calles o exigen transformaciones sociales con el fin de construir un país con mayor justicia social.

La lógica de los parlamentarios, no es otra que dotarse de una policía con el único objetivo de estar atenta en los cuarteles y en las calles, no con el convencimiento de ayudar a la sociedad, sino más bien controlando y reprimiendo cualquier acción social con el argumento populista del combate a la delincuencia.

El proyecto no es de carácter urgente, no obstante ya está en su segundo trámite constitucional siendo aprobado y modificado por la comisión de la cámara de Diputados.