A pesar de las movilizaciones de funcionarios del SENAME y Gendarmería y las sendas críticas tanto de UNICEF como de organizaciones sociales y políticas, el próximo 8 de junio comienza a regir la ley que permite condenar a jóvenes adolescentes, entre 14 y 18 años.
Con bombos y platillos, celebró el ejecutivo la aprobación de una de las leyes con más discusión en los últimos años. Una década costó, para que la represión contra los adolescentes se institucionalizara por la vía de los tribunales y el Ministerio Público. Si bien es cierto, los índices de delincuencia juvenil son altos, una medida restrictiva no solucionará del todo el tema.
La nueva ley que se clasificó como la Nº 20.084, plantea no sólo la responsabilidad penal, sino además una serie de “garantías” para los imputados. Por ejemplo, la defensoría será absolutamente gratis y de ser condenados no podrán ser enviados a recintos de adultos, más bien serán destinados a “recintos especiales”.
No obstante todo lo anterior, hay que poner acento en el sentido de la ley y las consecuencias que ésta acarreará. En rigor, estamos frente a una medida visiblemente coercitiva, que se sustenta en la lógica de la dominación por sobre la necesidad de resolver un tema que es de carácter social.
Los altos índices de delincuencia juvenil, que por cierto no es un fenómeno casual, obedece a diversos orígenes que encontramos en el sistema imperante en nuestro país; falta de oportunidades, fácil acceso a las drogas, porcentajes altos de cesantía, inexistencia de espacios de participación, marginalidad, estigmatización política y mediática, son algunas de las razones que están detrás de la delincuencia.
La ley aprobada, no sólo ha generado las críticas de funcionarios del SENAME y de Gendarmería por no contar con la infraestructura necesaria, sino también han venido de expertos que consideran que ésta se ha alejado del sentido inicial. Un ejemplo, dice relación con el endurecimiento de las penas, producto de una constante estigmatización por parte de los medios de comunicación y las presiones de la derecha política que ha enarbolado, como bandera electoral, el tema de la delincuencia.
La Concertación, en su desesperación por salir políticamente bien parada, ha aprobado una ley que se enmarca en una idea nefasta. En Chile, se ha abordado un problema por la vía más cómoda y condescendiente con el modelo político y económico, cual es institucionalizar la represión y dejar atrás el rol social que le cabe al Estado en materia de prevención.
Lo que necesita nuestro país, no es más leyes penales, sino un sistema social que garantice la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos de jóvenes que, en rigor, optan por delinquir en tanto el modelo no les da otra alternativa. Finalmente, cabe cuestionarse si ¿será efectivo encerrar a los jóvenes, en medio de una lógica penitenciaria colapsada y para nada efectiva?
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